A falta de una unidad fiscal especializada en la judicialización de los casos de estafa que dejan la fuga de las empresas captadoras en el país, los cerca de mil huilenses que invirtieron en J&J Clean's Ltda., están a punto de quedar sin quien les responda. Pese a que Leonardo Cuenca Trujillo, administrador de la primera 'pirámide' que emprendió la huida en Neiva, rindió versión libre ayer, y reconoció que desconoce el paradero de los recursos que acopió durante 14 meses, no hay quien asuma la investigación del caso.
Según se estableció, la declaración de Cuenca y la denuncia que tramitaron alrededor de 50 incautos ahorradores, reposarán en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, hasta que logre ser asignada a un fiscal seccional. “Lo que le queda a los afectados es agruparse para denunciar a la empresa captadora y a su representantes legales por el delito tipificado como estafa”, precisó una fuente del CTI.
De acuerdo con el artículo 316 del Código Penal, quien capte dineros del público, en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de 61 a 144 meses y multa hasta de 50 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Apartes de la declaración
DIARIO DEL HUILA conoció detalles de la versión libre que rindió el ex policía Leonardo Cuenca, en la que estima el capital perdido en 4.500 millones de pesos.
Según el administrador de la oficina de J&J en Neiva, el asunto se puso “feo” desde el pasado jueves, cuando del nivel central tan sólo le giraron 278 de los 1.400 millones que tenían que ser pagados a los ahorradores por concepto de intereses.
“Llamaron a explicarme que debía pagar intereses mensuales y dejar los semestrales para el martes, mientras me giraban el resto del dinero”, dijo. Cuenca, quien asumió la administración de la sede cuatro meses antes de su cierre, indicó que entre viernes y sábado pagó hasta donde pudo. “El sábado en la tarde, alguien me llamó a preguntarme por qué estábamos desmantelando la oficina, entonces llamé al jefe de vigilancia y le dije que me explicara lo qué estaba pasando, el me habló de la cancelación del contrato de prestación de servicios y de que habían tomado los equipos de la oficina, como pago por lo que ellos tenían invertido en J&J”, sostuvo.
Agregó: “Fue ahí cuando me preocupe, al día siguiente me fui para Bogotá y hablé con el contador de la empresa, Adrian Bernal, quien atribuyó la situación a un reajuste administrativo, el lunes festivo en la tarde supe que cuatro de las sucursales de J&J en Boyacá, estaban en las mismas, en Sogamoso, Tunja, Chiquinquirá y Duitama, tampoco habían podido cancelar los intereses”.
Cuenca afirmó que en compañía de los otros administradores de punto, encontró que la empresa de razón social: grupo empresarial J&J Clean's Ltda., dejó de ser propiedad de Jorge Aurelio Bolívar Vásquez, y cambió de representante legal, hace dos semanas. “Atónitos quedamos quienes tenemos que responderle a la gente, al darnos cuenta que el escape de los que se inventaron la empresa estaba planeado desde hace rato y no nos habíamos percatado”, dijo.
Según explicó Cuenca al funcionario del ente judicial que le recibió la versión, él optó por ponerle el pecho a la situación y acudir a las autoridades, para evitar ser responsabilizado por engañar a cerca de mil personas necesitadas de reproducir su capital.
Temor a represalias
Leonardo Cuenca, quien personifica la esperanza de los afectados, confirmó la existencia de algunos bienes a nombre del grupo empresarial, sin embargo aclaró que desconoce si estos aún continúan bajo el dominio del representante legal de J&J, o si fueron enajenados como la razón social de la firma. Así mismo, advirtió que teniendo en cuenta la magnitud de las pérdidas económicas, teme por su vida. “He pensado en refugiarme unos días, mientras las autoridades establecen el conducto a seguir e inician el esclarecimiento de los hechos”, dijo.
En la memoria de Cuenca está el violento episodio que protagonizaron cerca de 200 personas en Zipaquirá, Cundinamarca, cuando al verse engañadas y estafadas por una captadora reconocida como Inversiones HR, mantuvieron cautivo a uno de los administradores del negocio.
Dudosa credibilidad
Voceros del CTI consultados sobre el particular, reconocieron en la declaración de Cuenca Trujillo, las palabras de otros administradores inmersos en la misma situación, que terminaron por huir con parte del botín obtenido.
“La caída de J&J es mencionada como el primer desatino de una pirámide en Neiva, por la cantidad de afectados que dejó y porque la mayoría de ellos son miembros activos o retirados de la Fuerza Pública, pero en realidad no es la primera en huir con los recursos de sus 'socios'”, indicaron.
Según el reporte de la sección del CTI que les sigue los pasos a este tipo de organizaciones, bajo el mismo modus operandi de J&J, en lo corrido del año han desaparecido International Mega Red, cuya sede estaba en el calle 12 No. 3-69, y New Working, que se ubicó en la carrera 10 No. 8 – 07.
“Con esas empresas pasó lo mismo, los primeros meses cumplieron, entusiasmaron a sus clientes, cuando lograron recaudar una suma importante se dieron a la huida, dejando alguien que dice poner la cara, pero al tiempo se va y recibe parte del negocio”, advirtieron.
Entre tanto, se le sigue la pista a tres presuntas captadoras que han anunciado su arribo a la capital opita a través de volantes publicitarios, estas son: Inversiones Crecer E.U., CVS y Inversiones IVA.
Por poco y venden el alma
Como si estuvieran relatando el capitulo más trágico de una novela, con los ojos aguados y la confianza en el suelo, los afectados plasmaron en la hoja que les dieron en la URI para oficializar la denuncia, la forma como perdieron las abultadas sumas de dinero.
“Yo Matilde Suárez, identificada con la cédula ...., testificó que perdí ocho millones de pesos, que había invertido en J&J Clean's Ltda., a través del contrato No. RVNV0000001013, con el fin de recibir en seis meses 15 millones de pesos. La mitad del dinero lo conseguí con la venta de dos vacas, tres cabras, un marrano y la otra parte, con un préstamo que sacó mi hijo en el banco. Por favor ubicar a quien tenga el dinero para que no lo devuelva y castigarlo por engañar a gente necesitada”, escribió la mujer.
De las cerca de 50 denuncias radicadas ayer, el 60 por ciento eran colectivas, familias enteras que habrían reunido un capital no inferior a cinco millones de pesos, esperanzados de triplicarlo para pasar unas “felices” fiestas de fin de año. Entre los casos más llamativos, está el de un oficial que habría invertido pocos días antes del desplome de la pirámide, alrededor de 42 millones de pesos, recibidos por concepto de un subsidio de vivienda.
De acuerdo con el artículo 316 del Código Penal, quien capte dineros del público, en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de 61 a 144 meses y multa hasta de 50 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Apartes de la declaración
DIARIO DEL HUILA conoció detalles de la versión libre que rindió el ex policía Leonardo Cuenca, en la que estima el capital perdido en 4.500 millones de pesos.
Según el administrador de la oficina de J&J en Neiva, el asunto se puso “feo” desde el pasado jueves, cuando del nivel central tan sólo le giraron 278 de los 1.400 millones que tenían que ser pagados a los ahorradores por concepto de intereses.
“Llamaron a explicarme que debía pagar intereses mensuales y dejar los semestrales para el martes, mientras me giraban el resto del dinero”, dijo. Cuenca, quien asumió la administración de la sede cuatro meses antes de su cierre, indicó que entre viernes y sábado pagó hasta donde pudo. “El sábado en la tarde, alguien me llamó a preguntarme por qué estábamos desmantelando la oficina, entonces llamé al jefe de vigilancia y le dije que me explicara lo qué estaba pasando, el me habló de la cancelación del contrato de prestación de servicios y de que habían tomado los equipos de la oficina, como pago por lo que ellos tenían invertido en J&J”, sostuvo.
Agregó: “Fue ahí cuando me preocupe, al día siguiente me fui para Bogotá y hablé con el contador de la empresa, Adrian Bernal, quien atribuyó la situación a un reajuste administrativo, el lunes festivo en la tarde supe que cuatro de las sucursales de J&J en Boyacá, estaban en las mismas, en Sogamoso, Tunja, Chiquinquirá y Duitama, tampoco habían podido cancelar los intereses”.
Cuenca afirmó que en compañía de los otros administradores de punto, encontró que la empresa de razón social: grupo empresarial J&J Clean's Ltda., dejó de ser propiedad de Jorge Aurelio Bolívar Vásquez, y cambió de representante legal, hace dos semanas. “Atónitos quedamos quienes tenemos que responderle a la gente, al darnos cuenta que el escape de los que se inventaron la empresa estaba planeado desde hace rato y no nos habíamos percatado”, dijo.
Según explicó Cuenca al funcionario del ente judicial que le recibió la versión, él optó por ponerle el pecho a la situación y acudir a las autoridades, para evitar ser responsabilizado por engañar a cerca de mil personas necesitadas de reproducir su capital.
Temor a represalias
Leonardo Cuenca, quien personifica la esperanza de los afectados, confirmó la existencia de algunos bienes a nombre del grupo empresarial, sin embargo aclaró que desconoce si estos aún continúan bajo el dominio del representante legal de J&J, o si fueron enajenados como la razón social de la firma. Así mismo, advirtió que teniendo en cuenta la magnitud de las pérdidas económicas, teme por su vida. “He pensado en refugiarme unos días, mientras las autoridades establecen el conducto a seguir e inician el esclarecimiento de los hechos”, dijo.
En la memoria de Cuenca está el violento episodio que protagonizaron cerca de 200 personas en Zipaquirá, Cundinamarca, cuando al verse engañadas y estafadas por una captadora reconocida como Inversiones HR, mantuvieron cautivo a uno de los administradores del negocio.
Dudosa credibilidad
Voceros del CTI consultados sobre el particular, reconocieron en la declaración de Cuenca Trujillo, las palabras de otros administradores inmersos en la misma situación, que terminaron por huir con parte del botín obtenido.
“La caída de J&J es mencionada como el primer desatino de una pirámide en Neiva, por la cantidad de afectados que dejó y porque la mayoría de ellos son miembros activos o retirados de la Fuerza Pública, pero en realidad no es la primera en huir con los recursos de sus 'socios'”, indicaron.
Según el reporte de la sección del CTI que les sigue los pasos a este tipo de organizaciones, bajo el mismo modus operandi de J&J, en lo corrido del año han desaparecido International Mega Red, cuya sede estaba en el calle 12 No. 3-69, y New Working, que se ubicó en la carrera 10 No. 8 – 07.
“Con esas empresas pasó lo mismo, los primeros meses cumplieron, entusiasmaron a sus clientes, cuando lograron recaudar una suma importante se dieron a la huida, dejando alguien que dice poner la cara, pero al tiempo se va y recibe parte del negocio”, advirtieron.
Entre tanto, se le sigue la pista a tres presuntas captadoras que han anunciado su arribo a la capital opita a través de volantes publicitarios, estas son: Inversiones Crecer E.U., CVS y Inversiones IVA.
Por poco y venden el alma
Como si estuvieran relatando el capitulo más trágico de una novela, con los ojos aguados y la confianza en el suelo, los afectados plasmaron en la hoja que les dieron en la URI para oficializar la denuncia, la forma como perdieron las abultadas sumas de dinero.
“Yo Matilde Suárez, identificada con la cédula ...., testificó que perdí ocho millones de pesos, que había invertido en J&J Clean's Ltda., a través del contrato No. RVNV0000001013, con el fin de recibir en seis meses 15 millones de pesos. La mitad del dinero lo conseguí con la venta de dos vacas, tres cabras, un marrano y la otra parte, con un préstamo que sacó mi hijo en el banco. Por favor ubicar a quien tenga el dinero para que no lo devuelva y castigarlo por engañar a gente necesitada”, escribió la mujer.
De las cerca de 50 denuncias radicadas ayer, el 60 por ciento eran colectivas, familias enteras que habrían reunido un capital no inferior a cinco millones de pesos, esperanzados de triplicarlo para pasar unas “felices” fiestas de fin de año. Entre los casos más llamativos, está el de un oficial que habría invertido pocos días antes del desplome de la pirámide, alrededor de 42 millones de pesos, recibidos por concepto de un subsidio de vivienda.
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