Desde pasada la medianoche, la Policía se tomó las instalaciones de la empresa en 59 ciudades del país. David Murcia Guzmán pide calma a sus clientes y propone diálogo con el gobierno.
El presidente del grupo, en declaraciones a la W, llamó a los inversionistas, que según dijo son más de 200 mil, que no incurran en desórdenes.
Agregó que espera dialogar con el Gobierno para poder encontrar una salida negociada a la crisis que se generó con el cierre de las sedes de la empresa.
La toma de las sedes de DMG comenzó hacia las 2 de la mañana. Simultáneamente, algunos de los ahorradores se agolparon y con arengas han protestado por las medidas, sin que se hayan presentado disturbios.
Anoche, el Gobierno había anunciado la expedición del estado de Emergencia Social, pero antes decidió estudiar la exposición de motivos y la sustentación jurídica de las normas. A las 10 de la mañana habrá una rueda de prensa.
El secretario de Prensa de la Presidencia, César Mauricio Velásquez, sostuvo que durante la reunión -que se extendió por cerca de 8 horas- se consultaron "sectores de especialistas en temas económicos y temas contables, sectores políticos y sectores del Gobierno".
Igualmente, Velásquez resaltó que este es un tema "muy delicado, que merece un estudio profundo".
Antes de ingresar a la reunión, el viceministro de Justicia, Gilberto Orozco, señaló que estaban ultimando detalles de los decretos legislativos. "Vamos a mirar los textos que ya están redactados", dijo.
Desde el viernes se descartó hacer uso de la Emergencia Económica por considerar que a esta se acude cuando está en crisis, por ejemplo, el sistema financiero o las reservas monetarias.
La consideración del Gobierno es que hay una crisis social de cientos de familias que perdieron sus ahorros por las 'pirámides'.
El constitucionalista Juan Manuel Charry cree que esta decisión tiene una intención política: "Si se dice que es económica, puede enviar un mensaje que afecte el entorno de los inversionistas".
Los decretos con fuerza de ley que se expedirán son de carácter penal, administrativo y financiero.
Los textos los han trabajado los ministerios del Interior y de Hacienda; las superintendencias Financiera y de Sociedades; y la Secretaría Jurídica de la Presidencia.
A través del Estado de Emergencia Social se les podría dar vida a las cuatro medidas que anunció el Presidente el pasado sábado.
La primera es elevar la pena del delito de captación ilegal de dinero para que no sea excarcelable. Sobre este punto cursa un proyecto de ley en el Congreso, que deja las condenas entre 5 y 12 años de prisión. No obstante, los ponentes del proyecto en la Comisión Primera de Senado, que no ha tenido primer debate, consideran que esta medida sería insuficiente: "¿Para qué aumentar las penas si el delito ya está tipificado?, ¿más bien por qué no lo han aplicado?", preguntó el senador Parmenio Cuéllar.
La segunda norma propuesta por el Presidente consiste en convertir en delito, con pena no excarcelable, "la conducta de no devolver la totalidad del dinero a los ahorradores, así ese dinero se hubiera captado antes de que entre en vigencia esta legislación".
La tercera pretendería establecer "un proceso administrativo ágil para devolver los dineros" con prelación para los estratos 1 y 2. El Presidente explicó anoche que estaría orientado a entregar facultades a los alcaldes para que puedan adoptar medidas.
La cuarta norma podría ser la más polémica. El Gobierno plantea una regulación que facilite el acceso de los más pobres a los servicios de las instituciones financieras formales. Una iniciativa similar se implementó hace unos meses con resultados poco efectivos.
Las normas serían una obligación para la banca y no una alternativa. Los bancos insisten en que no es necesario abrir cuentas de ahorro diferentes, pues eso complicaría el sistema financiero y le restaría beneficios a cuentas que ya están abiertas.
Uribe precisó que las normas que se expedirán tendrán una aplicación retroactiva, con el fin de sancionar a quienes no hayan devuelto la totalidad de los recursos para la próxima semana.
Agregó que las autoridades de Policía continúan en el trabajo de desmantelar estas empresas de captación ilegal en varios municipios del país.
El Jefe de Estado admitió que el problema de las pirámides ha alcanzado tal magnitud en algunas zonas que cuando se habla de devolución de dineros recuperados, seguramente no se podrá hacer a través de algunos funcionarios públicos, porque ellos se han declarado impedidos.
"Ya se están declarando públicamente. ¡Qué problema tan grave!", aseveró.
Al respecto señaló que no importa quién tenga dineros en esas empresas captadoras, porque así haya funcionarios del mismo Gobierno lo que se hará es intervenir rápidamente.
Reveló que al parecer en la ciudad de Pasto algunos policías que tenían inversiones en las 'pirámides', al momento del decomiso se llevaron un dinero, por lo que el propio Director de la Policía, general Óscar Naranjo, se puso al frente del tema.
"Que hay Senadores de la República con plata en esas pirámides ¿por qué, por qué ese ejemplo? Eso es bueno también que salgan a decírselo al país", solicitó el Mandatario.
Hizo un llamado a los mandatarios regionales para que asuman también sus responsabilidades en lo que hasta ahora ha sucedido en torno a este fenómeno.
En las últimas horas, el Gobernador de Nariño, Antonio Navarro ha criticado al Gobierno por no atender a tiempo la problemática generada por las pirámides.
Respecto a la salida del Superintendente Financiero, César Prado Villegas, el presidente Uribe reconoció su labor pero advirtió que ante una situación de la que todo el mundo habla en la calle y a la que no se le encuentran salidas jurídicas hay que 'atreverse'.
El sábado, el presidente reportó que la incautación de dinero a estas entidades asciende a más de $92 mil millones.
¿Qué es un estado de emergencia?
La Constitución contempla tres estados de excepción, bajo los cuales el Gobierno puede expedir decretos con fuerza de ley. Uno de ellos es el Estado de Emergencia, establecido en el artículo 215: "Cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no excedan noventa días en el año calendario". Por su parte, el Congreso "durante el año siguiente a la declaratoria de emergencia, podrá derogar, modificar o adicionar los decretos". La Corte Constitucional debe hacer control de constitucionalidad a los decretos legislativos del Gobierno.
Lo que opinan los expertos
"Puede tener utilidad hacia adelante, para reprimir la captación ilegal, pero, obviamente, hacia atrás no, pues hubo tardanza en la intervención".
Juan Camilo Restrepo, ex ministro de Hacienda.
"Las medidas son importantes, pero es clave recobrar la confianza en el sistema financiero, que debe ser menos costoso y volverse más social".
Carlos Ferro, senador y vocero del partido de 'la U'.
"Es tarde porque a la gente ya la han 'tumbado'. Puede servir, porque lo peor es no hacer nada. Ojalá ahora no se pongan a hacer populismo para tapar la tardanza".
Rudolf Hommes, ex ministro de Hacienda.
"Es importante. No se actuó a tiempo y ahora el Gobierno debe actuar y esa debe ser la fórmula. Hay que tomar medidas para ayudar a los afectados de los sectores más populares".
Piedad Zuccardi, senadora de la Comisión de Asuntos Económicos.
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